La decisión de abortar, si bien está saturada de presiones externas a la madre, es esta, al final de cuentas quién toma la última decisión. Muchos defensores de la vida afirman que sí la madre pudiera ver el desarrollo de su hijo en su vientre, no tomaría la decisión de abortar, pues dicha decisión se fortalece por la insensibilidad y la ceguera al negarse a ver el desarrollo de su hijo en gestación.
En este sentido, Hungría ha dado un paso pro vida importante: el ministro del Interior Sandor Pinter, emitió un decreto que entrará en vigor el jueves 15 de septiembre, el cual establece que las mujeres embarazadas que quieran abortar deberán ser confrontadas a las “funciones vitales” del feto, según un decreto publicado el lunes.
El aborto en Hungría es legal desde 1950, en la mayoría de casos hasta la 12º semana de embarazo.
El decreto, firmado por el ministro del Interior Sandor Pinter, entrará en vigor el jueves. Es una muestra del endurecimiento de las reglas para poder abortar, en sintonía con la retórica natalista del primer ministro Viktor Orban.
El partido de extrema derecha Mi Hazank, que propuso la iniciativa, acogió con satisfacción el hecho de que “las madres vayan a escuchar el latido del feto”, aunque el texto no lo diga explícitamente.
“Durante al menos unos segundos, la madre podrá escuchar al feto antes de que se realice el aborto”, dijo la diputada Dora Duro en Facebook.
Cómo suele suceder, la ONG Amnistía Internacional calificó la medida de “preocupante retroceso”. Esta decisión, tomada “sin ninguna consulta”, hará “más difícil el acceso al aborto” y “traumatizará aún más a las mujeres que ya se encuentran en situaciones difíciles”, declaró a AFP su portavoz Aron Demeter.
Desde que retornó al poder en 2010, Viktor Orban ha multiplicado las medidas de control de la natalidad, orientando a su partido político, el Fidesz, hacia una visión cada vez más conservadora y religiosa.
Desde la entrada en vigor de una nueva Constitución a principios de 2012, Hungría defiende “la vida del feto desde la concepción”.
Unos meses antes, el gobierno había financiado una campaña antiabortista con fondos europeos, lo que provocó críticas de la Comisión Europea.
